El retorno del servicio militar obligatorio en el Perú volvió al debate político luego de que los senadores Juan Carlos del Águila, de Fuerza Popular, e Iber Maraví, de Juntos por el Perú, expresaran su respaldo a evaluar esta posibilidad. La propuesta busca restablecer un sistema que fue reemplazado por la modalidad voluntaria en 1999.
Del Águila sostuvo que la iniciativa debe ser analizada por las instancias correspondientes y recordó que durante su juventud el servicio militar formaba parte de la experiencia de muchos ciudadanos.
“Particularmente, yo estaría de acuerdo. En mis tiempos había servicio militar y muchos hemos participado de ello”, declaró en Exitosa. El legislador también consideró que el tema debe debatirse en el Congreso antes de adoptar una decisión.
Propuesta plantea recuperar la formación militar obligatoria
Por su parte, el senador Iber Maraví respaldó la iniciativa y señaló que el servicio militar permite capacitar a los ciudadanos para la defensa nacional. Ambos pronunciamientos se suman a anteriores propuestas legislativas y planteamientos políticos que buscan recuperar la obligatoriedad de esta modalidad.
En 2024, la entonces congresista María Acuña, de Alianza para el Progreso, presentó un proyecto de ley para restablecer el servicio militar obligatorio.
Entre sus argumentos, sostuvo que la incorporación de jóvenes a las Fuerzas Armadas podría contribuir a alejarlos de la delincuencia.
En marzo de 2025, durante el gobierno de Dina Boluarte, también se anunció la intención de impulsar una iniciativa para recuperar el servicio militar y policial obligatorio como parte de las medidas contra la criminalidad.
¿Cómo funciona actualmente el servicio militar en el Perú?
En la actualidad, los jóvenes de 18 a 30 años pueden incorporarse voluntariamente al Ejército, la Marina de Guerra o la Fuerza Aérea. Esta modalidad contempla una compensación económica mensual y otros beneficios establecidos en la normativa vigente.
Por ahora, las declaraciones de los senadores reflejan su disposición a debatir el posible retorno de la obligatoriedad, pero no representan la aprobación de una nueva norma.
Cualquier cambio requerirá seguir el procedimiento legislativo correspondiente y definir las condiciones de aplicación del eventual nuevo sistema.
