El Gobierno oficializó dos decretos legislativos orientados a combatir el financiamiento de las extorsiones y modificar el tratamiento penal de la legítima defensa. Ambas normas fueron publicadas en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que las disposiciones buscan intervenir tanto en el flujo de dinero de las organizaciones criminales como en la situación legal de las personas que se defienden de una agresión delictiva.
“La lucha contra la inseguridad es integral. Por un lado vamos tras el dinero ilícito de la extorsión que alimenta la violencia en nuestras calles y por el otro estaremos del lado de las víctimas que se defienden ante una agresión delictiva: quien actúa por supervivencia frente a un ataque no puede ser tratado como victimario”, manifestó.
Decreto Legislativo 1744: sanciones por facilitar cuentas para extorsiones
Mediante el Decreto Legislativo N.° 1744, el Ejecutivo modificó el Código Penal para castigar a quienes presten o faciliten sus cuentas bancarias, billeteras digitales u otros productos financieros con el propósito de canalizar dinero proveniente de extorsiones.
La disposición también contempla el incremento de penas para delitos violentos, entre ellos el sicariato, el robo agravado y el secuestro.
Asimismo, incorpora sanciones para quienes borren o alteren los números de serie de las armas de fuego, con el objetivo de evitar su ingreso al mercado ilegal. También establece castigos para quienes reporten falsamente el robo o la pérdida de estos objetos ante las autoridades.
El decreto incluye modificaciones a la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos, para penalizar el acceso ilícito a plataformas informáticas. Además, establece prisión efectiva para los extranjeros expulsados que reingresen irregularmente al territorio nacional.
Decreto Legislativo 1743: nuevas reglas para la legítima defensa
Por otro lado, el Decreto Legislativo N.° 1743 modifica el Código Penal para establecer que se presume que una persona actúa racionalmente cuando ejerce la legítima defensa frente a una agresión.
Con esta modificación, corresponde al Ministerio Público demostrar lo contrario. La norma también elimina el criterio de proporcionalidad de los medios empleados para defenderse.
Además, dispone que los fiscales emitan el archivo definitivo cuando se corrobore que una persona actuó en legítima defensa. En el caso de los jueces, establece que cualquier resolución que busque descartarla deberá contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.
Según el Ejecutivo, ambas disposiciones buscan reducir el financiamiento de las organizaciones criminales y evitar que las víctimas afronten procesos judiciales cuando actúan para proteger su vida, la de terceros o sus bienes.
