El Consejo de Ministros aprobó y publicó el Decreto Legislativo N.° 1742, que establece la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios comprendidos en una declaratoria de estado de emergencia. La norma, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dispone que los efectivos militares apoyen al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la Policía Nacional del Perú (PNP).
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, destacó que esta medida permitirá reforzar la vigilancia de las cárceles, impedir el ingreso de objetos prohibidos y cortar las conexiones que mantienen las organizaciones criminales con el exterior.
«Prometimos un uso firme y contundente de las facultades legislativas y este primer decreto lo demuestra», manifestó el jefe del Gabinete Ministerial.
¿Qué funciones cumplirán las Fuerzas Armadas en los penales?
De acuerdo con la norma, el personal militar asumirá la vigilancia perimétrica de los establecimientos penitenciarios y reforzará los controles para evitar el ingreso de armas, drogas y otros objetos prohibidos. También tendrá a su cargo la prevención de fugas, rescates de internos y ataques desde el exterior.
Entre las funciones autorizadas figuran la vigilancia y protección de muros, torreones, accesos y alrededores de los penales, así como la detección y neutralización de drones no autorizados que puedan amenazar la seguridad penitenciaria.
Los militares también brindarán apoyo tecnológico, logístico y de inteligencia para respaldar el bloqueo de comunicaciones ilegales y detectar antenas clandestinas utilizadas para mantener contacto con el exterior. Estas acciones se realizarán en coordinación con el INPE y la Policía Nacional, respetando las competencias de cada institución.
Hacinamiento y presencia de organizaciones criminales
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que la medida responde a la situación del sistema penitenciario. Según cifras oficiales citadas por la entidad, a agosto de 2026 las cárceles del país albergaban a más de 107 mil internos, pese a contar con una capacidad aproximada de 42 mil plazas.
A esta situación se suma la presencia de 494 internos vinculados a 217 organizaciones criminales, entre ellas facciones del Tren de Aragua. Según la PCM, estas condiciones requieren reforzar la seguridad y evitar que las organizaciones continúen coordinando actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios.
El decreto legislativo forma parte de las medidas anunciadas por el Gobierno para fortalecer el control de las cárceles. Entre ellas también se contempla la reorganización del INPE, el fortalecimiento de la carrera penitenciaria y la ampliación de la infraestructura penitenciaria.
Asimismo, el Ejecutivo recordó la ampliación hasta enero de 2027 del estado de emergencia en los penales de alta peligrosidad Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y El Milagro, en La Libertad. También mencionó la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios en Huacho.
Con estas disposiciones, el Gobierno busca reforzar la custodia de los internos, mejorar la seguridad penitenciaria e impedir que las organizaciones criminales utilicen las cárceles para continuar operando desde el interior.
