El Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ejecutó un megaoperativo simultáneo en los alrededores de cuatro establecimientos penitenciarios del país para desmantelar estaciones radioeléctricas que operaban sin autorización. La intervención permitió incautar siete torres de telecomunicaciones, 33 antenas, repetidores y otros equipos que eran utilizados para transmitir señales hacia los penales.
El operativo se realizó cerca de los establecimientos penitenciarios Ancón I y Piedras Gordas II, en Lima; Sarita Colonia, en el Callao; y Andahuaylas, en la región Apurímac. La intervención contó con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, bajo la supervisión del Comando Unificado, encabezado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori.
También participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde.
Intervenciones en Lima y Callao
En las inmediaciones del penal Ancón I, los equipos de fiscalización intervinieron dos inmuebles que albergaban torres de 12 y tres metros de altura, equipadas con antenas sectoriales y direccionales que operaban en distintas frecuencias de la banda de 5 GHz.
En Santa Rosa, distrito de Ancón, cerca del establecimiento penitenciario Piedras Gordas II, se detectó otra estación radioeléctrica no autorizada. La infraestructura tenía una torre de cuatro metros con cinco antenas direccionales que operaban en la banda de 5 GHz.
Asimismo, en el distrito de Puente Piedra se desmanteló una estación irregular instalada en una torre de 18 metros, equipada con siete antenas.
En el Callao, cerca del penal Sarita Colonia, se intervinieron dos estaciones. La primera contaba con una torre de 15 metros y tres antenas sectoriales, mientras que la segunda tenía una estructura de 21 metros, cuatro antenas sectoriales y una direccional.
Una estación intervenida en Apurímac
En Andahuaylas, región Apurímac, las autoridades intervinieron otro punto donde encontraron una torre de 15 metros y dos antenas direccionales. Según el MTC, la estación operaba en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, utilizadas para transmitir señales de internet de banda ancha.
De acuerdo con el ministerio, estas instalaciones permitían dirigir señales hacia el interior de los establecimientos penitenciarios con el propósito de evadir los sistemas de bloqueo. Esta situación, indicó la entidad, representa un riesgo para la seguridad y el control de las comunicaciones en los recintos carcelarios.
MTC advierte sanciones por operar sin autorización
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló que la instalación de infraestructura radioeléctrica sin concesión afecta la gestión del espectro radioeléctrico, considerado un recurso estratégico y limitado del Estado. También advirtió que estas prácticas generan competencia desleal frente a los operadores formales que cumplen las obligaciones técnicas y regulatorias.
El uso no autorizado del espectro constituye una infracción administrativa muy grave y puede generar responsabilidades penales, dependiendo de las circunstancias. Asimismo, el MTC indicó que determinados delitos relacionados con la instalación de antenas en zonas intangibles de establecimientos penitenciarios pueden sancionarse con penas de hasta nueve años de prisión, conforme a la legislación aplicable.
Finalmente, los enrutadores, las antenas, la fibra óptica y los demás equipos incautados serán puestos a disposición de las autoridades para determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
El MTC anunció que continuará ejecutando este tipo de intervenciones en el marco de las acciones contra la inseguridad ciudadana y para garantizar el uso autorizado del espectro radioeléctrico.
